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Abogados Laboral Mar del Plata Fallo Laboral Contrato de Trabajo Subcontratación y delegación Resoluciones casuísticas Actividad frigorífica -

10 de Noviembre, 2013  ·  ABOGADOS LABORAL MAR DEL PLATA
ACUERDO:
En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los trece días del mes de junio del año dos mil trece, se reúnen los Señores Miembros Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú, Dres. Guillermo Oscar Delrieux, Fabián A. Ronconi y Norberto Edgardo Stettler para conocer de los recursos interpuestos en los autos caratulados: "IBARRA ENRIQUE DAMIAN C/ GARCIA HECTOR RAMON Y OTRO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ LABORAL", respecto de la sentencia recaída a fs. 253/262 vta. De conformidad al sorteo oportunamente realizado y a la integración del tribunal dispuesta a fs. 393, la votación tendrá lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, FABIAN A. RONCONI y NORBERTO E. STETTLER.
Estudiados los autos la Excma. Cámara propuso la siguiente cuestión a resolver:
¿Es justa la sentencia apelada? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?
A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SEÑOR VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, DIJO:
1.- Vienen nuevamente estos obrados a conocimiento del tribunal en virtud de la decisión adoptada por la Excma. Sala del Trabajo del Superior Tribunal del Trabajo a fs. 379/386 vta., mediante la cual declaró la nulidad de la sentencia de fs. 345/352 y mandó dictar nuevo pronunciamiento.
2.- Aclarado lo anterior, cabe repasar que en la sentencia de primera instancia recaída a fs. 253/262 vta., la Señora juez a quo hizo lugar a la demanda promovida por ENRIQUE DAMIAN IBARRA, condenando a HECTOR RAMON GARCIA y a la empresa "FRIGORÍFICO DE AVES SOYCHU SAICFIA" a abonar al primero, dentro del plazo de diez días, las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso, agravamientos previstos por los arts. 2 de la Ley 25323 y 16 de la Ley 25561, integrativo mes de despido, sueldo anual complementario, vacaciones no gozadas, diferencias salariales, horas extras, ropa de trabajo, remuneraciones correspondientes a cuatro días accidente de trabajo, diferencias salariales prestaciones dinerarias ART, un día de licencia por intervención quirúrgica de cónyuge e importe equivalente a subsidio por desempleo, con más la tasa de interés activa promedio que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento de documentos a treinta días, a calcularse desde que cada rubro es debido y hasta el momento de su efectivo pago. Impuso las costas a las perdidosas y difirió la regulación de honorarios.
Para así resolver, inicialmente ponderó la ausencia de controversia respecto la relación laboral que unía al actor con el codemandado García, focalizando el objeto de la discusión al régimen laboral aplicable a la misma y a la existencia de la pretendida solidaridad entre ambos demandados. Describió la modalidad de la tarea cumplida por el accionante y los distintos lugares donde era desarrollada, para lo cual tuvo en cuenta los testimonios rendidos por Vargas da Silva, González, Brugna y Dotto, determinando que si bien la misma era realizada en distintas granjas ubicadas en el ámbito rural, el régimen aplicable no era el del trabajador agrario, sino el previsto por el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 151/91, a partir de lo cual estableció que la vinculación se encontraba deficientemente registrado como "peón general". Puntualizó que los elementos probatorios aportados permitían establecer que la labor cumplida por Ibarra para García formaba parte del proceso productivo de la empresa también demandada, resultando un eslabón esencial en su cadena de producción en la faena de aves, haciéndola solidariamente responsable por las obligaciones emergentes de la relación laboral entre los dos primeros, en los términos del art. 30 de la LCT. Determinó que en virtud de la tarea que se demostró cumplía el actor, debía ser encuadrado en la categoría "Calificado A" (cazadores y enjauladores de pollos), prevista en el Anexo "A" Régimen de Categorías de Producción" del Convenio Colectivo de Trabajo antes aludido. Encontró asimismo acreditado el accidente que le impidió a Ibarra concurrir a cumplir con su débito laboral, no así los motivos alegados por el empleador para disponer la ruptura del vínculo, acogiendo por tal razón los rubros pretendidos por el demandante, especificando que los mismos deberían ser liquidados en función de la escala salarial proporcionada por la Delegación Gualeguay de la Dirección Provincial del Trabajo, obrante a fs. 102.
3.- Dicho decisorio fue apelado por ambos demandados (fs. 263 bis y 267).
4.a.- al fundar sus disconformidades (fs. 277/287 vta.), el Dr. GREGORIO S. ERRO, quien actúa en representación de la firma "FRIGORÍFICO DE AVES SOYCHU SAICFIA" (Poder General de fs. 29/32), cuestiona en primer término la calificación profesional asignada por la sentenciante a la vinculación que ligaba al actor con el demandado García, sosteniendo que tal conclusión se sustenta en un incorrecto análisis de la prueba aportada, enfatizando que la labor se desarrollaba en el ámbito rural y que las mismas se encuentran comprendidas dentro de las especificadas en el art. 2 de la Ley 22248. Objeta asimismo la solidaridad endilgada a su principal, refiriendo que la judicante de grado ha omitido enumerar las pruebas que avalan dicha decisión, haciendo hincapié en que no fue atendido el argumento esbozado al contestar la demanda, relacionado con que la actividad de su mandante es la faena de aves, mientras que la desarrollada por terceros en las granjas no integran la específica y normal de la empresa, no existiendo tampoco unidad técnica de ejecución, concluyendo en la inaplicabilidad del art. 30 de la LCT a la situación planteada en el expediente. Remarca que la sentencia es nula por falta de fundamentos; descartyando a su vez la procedencia de los distintos tópicos reclamados. Formula reserva del Caso Federal y, en síntesis, pide se revoque la sentencia y se desestime la demanda.
4.b.- En el responde de fs. 329/336, las Dras. JORGELINA GUERSCOVICH y ALICIA M.R. VESCINA, en su carácter de apoderadas del actor ENRIQUE DAMIAN IBARRA (Poder Especial de fs. 1), interesan el rechazo del recurso de la contraria. Afirman que la incorrecta registración quedó claramente evidenciada con el resultado de la prueba producida, puntualizando que la tarea efectivamente cumplida por el actor -cazador enjaulador de pollos- se encuentra expresamente tipificada en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 151/91, afirmando que la remuneración que le correspondía recibir era la establecida para la categoría "Calificado A", resultando inaplicable el pretendido régimen del trabajador rural. Insisten que los trabajos cumplidos por Ibarra benefician a la firma frigorífica, constituyendo una labor esencial para la actividad normal y específica de dicho establecimiento, destacando a su vez que García cumplía esa tarea de manera exclusiva para el frigorífico. Aducen que la juez correctamente determinó que la disolución del vínculo fue sin causa, insistiendo en que los distintos ítems reclamados fueron correctamente admitidos. En definitiva, piden el rechazo del recurso y la íntegra confirmación de la sentencia; con costas.
5.a.- En el memorial de fs. 288/291 vta., los Dres. ANA LUCIA TURINETTO y HECTOR FABIAN MORENO, en representación del codemandado HECTOR RAMON GARCIA (Poder Especial de fs. 154), impugnan el encuadramiento asignado en la sentencia a la relación laboral existente entre su poderdante y el actor, objetando que se haya descartado el carácter rural de la vinculación, subrayando la inaplicabilidad del régimen previsto por el C.C.T. Nº 151/91 y que la tarea cumplida se encuentra correctamente enmarcada en lo normado por el art. 2 RNTA, haciendo hincapié en que el trabajo se desarrollaba en las granjas ubicadas en el ámbito rural. Explican que el trabajador nunca reclamó la modificación de la registración, aceptando y convalidando durante todo el tiempo de vigencia de la relación el encuadramiento determinado por el empleador. Impugnan se haya desestimado la causal esgrimida para disponer la ruptura del vínculo, afirmando que el 16 de julio de 2006 el actor se retiró del trabajo sin dar ningún tipo de aviso a la patronal, dando lugar a la sanción aplicada de seis días de suspensión, restándole toda eficacia al certificado médico presentado para justificar tal conducta, añadiendo que al momento de disponerse el despido el empleador no estaba notificado de ninguna causal que impidiera al trabajador cumplir con su labor. Objetan los distintos rubros admitidos y, en conclusión, propugnan se haga lugar al recurso y se revoque la sentencia, rechazándose la demanda; con costas.
5.b.- En la réplica de fs. 324/328, las apoderadas del actor reclaman en primer término se declare desierto el recurso de la contraria, aduciendo que en el memorial presentado se omite formular una crítica concreta y razonada de la sentencia, incumpliendo así la carga establecida por el art. 125 inc. c) del CPL. A todo evento, sostienen que la sentencia resulta ajustada a los hechos comprobados en el pleito, poniendo énfasis en que las tareas desarrolladas por Ibarra efetctivamente se encuentran contempladas en el C.C.T. Nº 151/91 y que el mismo incorrectamente se encontraba registrado como trabajador rural. Reafirman que la labor cumplida -cazador, enjaulador de pollos- forma parte del proceso productivo del frigorífico demandado; que García no cuestionó la responsabilidad solidaria asignada a la empresa; que el despido fue injustificado, quedando tal calificación debidamente demostrada con la prueba producida en el juicios, y que las objeciones formuladas respecto los rubros admitidos solo trasuntan una mera discrepancia. En suma, propician la desestimación del recurso y la ratificación de la sentencia.
6.- Reseñados del modo expuesto los fundamentos del resolutorio puesto en crisis, como las impugnaciones vertidas por los apelantes, corresponde a continuación dar respuesta a los recursos deducidos.
6.a.- Ambos demandados cuestionan el encuadramiento legal dado por la sentenciante a la relación laboral que lo ligó con el actor -C.C.T. Nº 151/91-, sosteniendo por el contrario la inaplicabilidad de dicho régimen, en tanto la prueba producida deja en evidencia que IBARRA cumplía su la labor normal y habitual en granjas ubicadas en la zona rural, por lo cual el vínculo se encontraba correcta y legalmente encuadrado en el Régimen Nacional del Trabajador Agrario (art. 2 Ley 22248) y regido por la Resolución Nº 170/89 CNTA, que comprende al personal que se desempeña en granjas productoras de pollos o de reproductoras; agregándose que tampoco corresponde la aplicación del convenio indicado por la a quo, no sólo por no resultar signatario del mismo, sino además porque su actividad no resulta alcanzada por sus disposiciones, que sí están previstas para los frigoríficos o plantas procesadoras de aves.
Ahora bien, para dilucidar el régimen legal aplicable, esto es el encuadramiento convencional correspondiente, debe estarse a la naturaleza de las actividades desarrolladas y categorías comprendidas en ellas (ETALA, "Contrato de Trabajo", pág. 27, 5ª edición actualizada y ampliada, Astrea, 2005; FERNANDEZ MADRID, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", Tomo I, pág. 469, L. L., 2007).
En el promocional se afirmó que la tarea desarrollada por IBARRA consistía en cazar pollos vivos que se encontraban en los galpones y enjaularlos, refiriendo que dicha tarea era realizada con una cuadrilla de 11 personas que salían desde el domicilio particular de García, siendo trasladados en una Trafic a distintas granjas propiedad de "Frigorífico de Aves Soychú S.A." o de terceros integrados a dicha empresa, ubicadas en Aldea San Antonio, Rosario del Tala, Villaguay, Gualeguaychú, Carbó, Larroque,Scriña, Gilbert, Rocamora (fs. 5 vta.), reclamando el encuadramiento de la relación dentro de la órbita del C.C.T. Nº 151/91, a la par que sosteniendo la responsabilidad solidaria del frigorífico demandado, puntualizando a este respecto que la actividad desarrollada era realizada en beneficio exclusivo de dicha empresa (fs. 9/11).
En la sentencia se puntualizó que los testigos Jorge Fernando Vargas Da Silva, Aldo Hugo González, Aníbal Antonio Brugna y Jorge Mauricio Dotto, brindaron suficiente detalle acerca de las tareas y horarios cumplidos por el accionante, precisándose que sus dichos eran suficientes para formar la convicción acerca de que dicha labor, si bien era cumplida en distintas granjas ubicadas en la zona rural, tenía por finalidad el enjaulado de aves vivas, que luego eran cargadas en camiones y posteriormente transportadas a la planta faenadora; encontrando de tal manera demostrada la denunciada incorrecta registración en el RNTA, como "peón general", determinado que por la tarea desarrollada debió estar registrado en la categoría "Calificado A" del C.C.T. Nº 151/91.
De acuerdo con lo prescripto por el art. 2 de la Ley 22248 (normativa vigente al tiempo de la desvinculación efectivizada mediante telegrama de fecha 30 de agosto de 2006 -ver fs. 141/142 y copia obrante en el legajo de documental de la parte actora reservado-), existe trabajo agrario "... cuando una persona física realizare, fuera del ámbito urbano, en relación de dependencia de otra persona, persiguiera o no ésta fines de lucro, tareas vinculadas principal o accesoriamente con la actividad agraria, en cualesquiera de sus especializaciones, tales como la agrícola, pecuaria, forestal, avícola o apícola"; agregándose en la misma norma, "Cuando existieren dudas para la aplicación del presente régimen en razón del ámbito en que las tareas se realizaren, se estará a la naturaleza de éstas".
Por su parte, el art. 1 de la Resolución Nº 170/1989 CNTA (BON 7/12/1989) dispone: "La presente resolución determina las condiciones mínimas de trabajo para todo el personal que desempeñe tareas bajo relación de dependencia en establecimientos avícolas, que ocupen personal dedicado a la producción de huevos y pollos parrilleros, incubación, planteles para la reproducción, como así también para cualquier tipo de granja o establecimiento avícola, incluyendo el personal de gestión, de mantenimiento, de moledora, de transporte, revisación, clasificación y procesado de huevos. Se exceptúan las plantas de procesado de aves".
A su vez, el C.C.T. Nº 151/1991, celebrado el 16 de noviembre de 1990 (Lexis Nº LNACCC151/1991), en su art. 2 establece: "Este convenio será de aplicación en todo el territorio del país y comprende a la totalidad del personal de obreros y empleados que presten servicios en relación de dependencia con las empresas de la actividad, peladeros de aves, procesamiento de aves, subproductos, sus plantas de incubación, y de alimentos anexas, ya sea que se desempeñen en establecimientos industriales, dependencias administrativas, sucursales, depósitos subsidiarios, comercialización y/o distribución de sus productos y donde corresponda según las modalidades de las respectivas tareas", determinándose en el Anexo "A" la categoría profesional correspondiente conforme la clasificación de tareas, asignándose la categoría "Calificado A" a quienes realicen la labor de "cazadores y enjauladores de pollos".
Al respecto, es menester poner de relieve la trascendencia de la impugnación bajo estudio, ya que el encuadramiento en uno u otro régimen incidirá indudablemente en el resultado de la contienda, en tanto en un caso implicará excluir la aplicación de las normas de la Ley del Contrato de Trabajo (de concluirse que la relación se encontraba correctamente registrada en el R.N.T.A.), que sí se admitiría en el supuesto de ratificarse lo sostenido por la judicante de grado (art. 108 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 151/91).
En orden a los lineamientos explicitados y habida cuenta que a esta alzada llegó firme lo sostenido por la a quo en relación a que la tarea normal y habitual cumplida por el actor era la de "cazador" y "enjaulador" de aves vivas, que concluía con su carga en los camiones mediante los cuales las transportaban, cabe preguntarse si con la prueba producida logró acreditar que su desempeño debe efectivamente enmarcarse en el régimen legal pretendido (C.C.T. Nº 151/91), tal como fuera receptado en la instancia anterior, o si era correcta la registración como trabajador rural de la reconocida relación laboral existente entre IBARRA y el codemandado GARCIA, como figura inscripto desde el 7 de junio de 2005 y hasta el momento de la ruptura (cfr. recibos de haberes obrantes en ambos legajos reservados y telegrama remitido el 30 de agosto de 2006 -fs. 141 y 170, copia agregada en legajo documental del actor-).
Así las cosas, aprecio que las declaraciones brindadas por Vargas Da Silva (fs. 189/191 vta.), González (fs. 194/196), Brugna (fs. 198/199 vta.) y Dotto (fs. 222/223), evaluadas de acuerdo a las reglas de la sana crítica (arts. 444 CPCyC -Ley 4870- y 86 CPL), que es la "... unión de la lógica y de la experiencia (COUTURE, "Fundamentos del derecho procesal civil", pág. 271, tercera edición póstuma, reimpresión inalterada, Depalma, 1993), y en forma conjunta con los testimonios rendidos por Franco Javier Musini (fs. 192/192 vta.) y Eduardo Enrique Parisi (fs. 197/197 vta.), quienes fueron propuestos por el frigorífico demandado (BAÑOS, "La Apreciación de la Prueba en el Proceso Laboral", pág. 18, Arayú, 1954), es concluyente para demostrar que efectivamente ENRIQUE DAMIAN IBARRA se desempeñó en la categoría y al amparo del régimen legal fijado en el sentencia puesta en crisis ("Calificado A" del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 151/91) y no bajo la normativa del R.N.T.A., en particular del personal comprendido en la Resolución Nº 170/89 CNTA, cuyo art. 14 del Anexo no incluye a los "cazadores de pollos" en la clasifiación y descripción de tareas.
En efecto. Vargas Da Silva (fs. 189/191 vta.), quien dijo haber sido compañero de trabajo del actor, explicó la forma en que se desarrollaba la tarea, así como la manera en que eran trasladados a las distintas granjas, que la jornada era de doce horas, que trabajaban de domingo a domingo, describiendo que diariamente eran llevados a diferentes granjas, ubicadas en los lugares que especificó, donde debían enjaular pollos vivos para "Soychú"; remarcando que García ingresaba al frigorífico "... a buscar la planilla para ver cuantos equipos teníamos", también a veces "... cuando cargaba gasoil" (respuesta a la vigésimo cuarta pregunta). Dotto (fs. 222/223), también manifiestó haber sido compañero de trabajo de Ibarra, indicando que salían de la casa de García, siendo transportados en una Trafic hasta las granjas que eran señaladas por el "frigorífico Soychú", que la tarea consistía en "enjaular los pollos" y luego apilarlas en los equipos (respuesta a la caurta pregunta); puntualizando que dicha labor era efectuada para el Frigorífico Soychú. Por su parte, González (fs. 194/196) y Brugna (fs. 198/199 vta.), como integrantes del Sindicato de la Carne, y el primero incluso señalando su participación en la redacción y confección del C.C.T. Nº 151/91, hicieron mención a que la tarea de "enjauladores de pollos vivos" se encuenran comprendida en el Convenio aludido, acotando el segundo que García trabaja para Soychú, que las cuadrillas enjaulan los pollos que luego son cargados en los camiones que realizan el transporte hasta el Frigorífico Soychú para su faena, explicando además que el frigorífico cuenta con una planta de incubación donde nacen los pollitos que son trasladados hasta las granjas, propias de la empresa o de terceros integrados, para su crianza.
A su vez, Mussini (fs. 192/192 vta.), veterinario de profesión, explicó las tareas realizadas en la planta de incubación perteneciente al frigorífico demandado, "Recepción de huevos, acondicionamiento, traspaso a incubadora, vacunación, nacimiento" (respuesta a la quinta pregunta), agregando que los pollitos recién nacidos son trasladados a las granjas de los integrados (respuestas a las preguntas sexta y séptima). Finalmente Parisi (fs. 197/197 vta.), empleado del Frigorífico Soychú, si bien dijo no trabajar en ese sector, explicó que los pollitos nacidos en la planta de incubación del frigorífico son trasladados a granjas ubicadas en Gualeguay, Gualeguaychú, Rosario del Tala, Villaguay, Santa Anita (respuestas a las preguntas cuarta, quinta y sexta).
Entonces, conjugando las declaraciones antes reseñadas y no obstante que la labor desplegada por el actor efectivamente era cumplida en el ámbito rural, no caben dudas en cuanto a que las tareas prestadas por ENRIQUE DAMIAN IBARRA -"cazador, enjaulador de pollos vivos" en granja-, se encuentran íntimamente vinculadas con la actividad normal y específica del frigorífico demandado, constituyendo una etapa esencial para su proceso de producción, en cuanto posibilita la colocación en planta de aves vivas para su faena, por lo cual han sido correctamente calificadas en la instancia anterior dentro del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 151/91, en la categoría"Calificado A" de la clasificación de tareas contempladas en el "Anexo A"; correspondiendo por ende la desestimación de los agravios vertidos a este respecto por ambos coaccionados.
6.b.- Tocante al agravio de la sociedad demandada, relaciona do con la condena solidaria impuesta en los términos del art. 30 de la LCT, es menester recordar que la solidaridad que contempla dicha norma comprende aquellas situaciones en las cuales el empresario encomienda aun tercero la realización de actividades o prestaciones que completan o complementan las desarrolladas en su propio establecimiento, constituyendo una unidad técnica destinada al logro de la finalidad de la empresa, conforme lo preceptuado por el art. 6 de la LCT (ETALA, ob. cit., págs. 151/152), es decir, "... está impuesta a las empresas que, teniendo una actividad propia normal y específica estiman conveniente no realizarla por sí en todo o en parte, sino encargar a otra u otros esa realización de bienes o servicios, debiendo determinarse en cada caso concreto atendiendo al tipo de vinculación y asunción de los riesgos empresariales" (C.S.J.N., "Luna Antonio Rómulo c/Agencia Marítima Rigel S.A. y otros", 2/7/1993, ED, 157- 279; citado por la Excma. Sala del Trabajo del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, in re:-"Alvarez Antonio E. y otros c/Elmeco Ingeniería SAIC y otra s/Horas Extras y otros -Recurso de Inaplicabilidad de Ley-", 25/4/2002).
Si bien sobre este particular hemos tenido oportunidad de expedirnos, desestimando la solidaridad pretendida ("Sandoval Alfredo Carlos c/ García Héctor Ramón y/u otros S/ Laboral", 22/12/2010; "Díaz Roberto Martín c/ García Héctor Ramón y/u otro S/ Laboral", 9/2/2011), entiendo que en el presente la prueba aportada, en especial las declaraciones de los testigos Mussini y Parisi, propuestos por el propio frigorífico demandado, permiten corroborar los extremos invocados por el actor en su escrito inicial, esto es que la tarea encomendada por la empresa a García consistía en la carga de aves vivas en las distintas granjas donde eran enviados, para su crianza, los pollitos nacidos en su planta de incubación, los que luego son faenados en su planta industrial (frigorífico), con lo cual claramente quedó probado en este caso que la "caza y enjaulado de aves vivas" constituye una etapa primoridal que integra la actividad normal y habitual del proceso productivo del frigorífico.
Conforme a ello, encuentro que en el supuesto examinado aparece ajustada a derecho la cuestionada condena solidaria; debiendo por ende desestimarse la queja bajo estudio y confirmarse este tópico del fallo impugnado.
6.c.- En cuanto atañe a la queja del codemandado GARCIA, relacionada con la disolución del vínculo laboral, que la a quo consideró incausada, con las consiguientes consecuencias indemnizatorias derivadas de tal situación; repaso que aquél pretendió justificarla en la no concurrencia del actor a trabajar el día 28 de agosto de 2006 (telegrama de fs. 170).
La judicante de grado, haciendo hincapié en las testimoniales de Vargas Da Silva y Dotto (a través de las cuales entendió suficientemente acreditado el infortunio laboral sufrido por el actor que le impidió concurrir a trabajar), así como en la denuncia del accidente de trabajo efectuada por García y las prestaciones brindadas por la ART hasta el momento de su alta (ver fs. 217/221), a lo que sumó que el nombrado García no demostró -tal la carga que le incumbía- la causa invocada para disponer la ruptura, encontró que el distracto decidido no sólo carecía de causa que lo justificara sino que además aparecía desproporcionado.
En orden a ello, observo que el segmento del memorial destinado a este ítem (fs. 290 vta.), revela con claridad su insuficiencia para satisfacer la carga prescripta por el art. 125 inc. c) del CPL, en tanto se prescinde de rebatir los argumentos brindados por la sentenciante para fundamentar el decisorio, limitándose a insistir que se acreditaron las faltas reiteradas, injustificadas y sin aviso del empleado, que impidieron la continuación del vínculo, así como que al momento del distracto no estaba anoticiado de ninguna causal que obstara a Ibarra a cumplir con su débito laboral, más -como lo señalé- se omite de formular una crítica concreta y razonada de los aspectos medulares del fallo destinados a desechar la causal invocada para justificar al despido decidido y que como consecuencia transforma en incausada la ruptura dispuesta.
Así las cosas, se impone rechazar sin más este tópico del recurso, confirmándose lo resuelto en la instancia anterior, como también la procedencia de las indemnizaciones derivadas del inmotivado distracto y de los distintos rubros incorporados en la condena -a excepción de lo que se dirá en el punto siguiente-, habida cuenta que lo señalado por ambos coaccionados en sus respectivos memoriales tampoco satisfacen la carga ritual que prevé el citado art. 125 inc. c).
6.d.- De acuerdo con lo explicitado precedentemente y habida cuenta que ambos demandados cuestionan la admitida procedencia del rubro horas extras; vale precisar que de acuerdo con el relato realizado en el promocional, dos semanas al mes salían de la casa de García a las 15:00 horas, regresando a las 02:00 horas del día siguiente, mientras que las restantes semanas lo hacían a las 02:00 de la madrugada, regresando a las 14:00 ó 16:00 horas, que lo hacían de domingo a viernes, descansando los sábados, que desde la salida hasta el regreso pasaban unas diez o quince horas diarias, insumiendo el trabajo específicamente entre nueve y diez horas (fs. 5 vta.); reclamando un total de 100 horas mensuales al 50% más 60 horas al 100 %.
La a quo sin vertir ningún argumento, hizo lugar al rubro. Incluso prescindió de tener en cuenta que conforme la doctrina y jurisprudencia predominante, a quien procura su reconocimiento y pago, incumbe la carga de la prueba de las horas extras que se invoca en sustento del reclamo, que además debe ser precisa, clara, fehaciente y exhaustiva (ETALA, ob. cit., pág. 533). "... la jurisprudencia y doctrina es uniforme en el sentido que la apreciación de las pruebas en esta materia debe hacerse "con sentido restrictivo" "aún cuando la empleadora no haya llevado el registro de horas extras, la prueba debe ser terminante y asertiva" "fehaciente y exhaustiva" "resultando insuficiente las presunciones"..." (Excma. Sala del Trabajo del Superior Tribunal de Justicia, "Alvarez Alcides J. c/Distribuidora Guadalupe S.R.L. s/Cobro de Pesos, art. 80 L.C.T. y subsidio por desempleo-s/Apelación de sentencia-Recurso de inaplicabilidad de ley", 15/12/2004).
En este punto, el análisis de las testimoniales aportadas por Vargas Da Silva y Dotto se revelan harto insuficientes para demostrar acabadamente y con precisión la efectiva realización de las horas extras pretenidas. El primero alude simplemente a que "... lo mínimo que trabajábamos eran doce horas por día..." (respuesta a la cuarta pregunta), que lo hacían de domingo a domingo, contradiciendo así la versión del actor. Por su parte el segundo ninguna referencia hizo a la extensión de la jornada, indicando simplemente que no tenían horario para salir con destino a las granjas (respuesta a la cuarta pregunta). Como fácilmente se advierte, tales testimonios poco aportan para convener sobre este aspecto de la controversia, siend irrelevantes para llevar al ánimo la convicción de que efectivamente la jornada laboral se extendía en los términos especificados en la demanda.
Por lo tanto, toda vez que la prueba producida no permite tener por demostrado en forma asertiva y concreta la cantidad de horas extras reclamadas (DT, 1999-B, 2092; DT, 1999-B, 2103), ni resultar operativas tampoco en la especie las presunciones contempladas por los arts. 87 del CPL y 55 de la LCT, la queja ensayada por ambos demandados sobre este tópico deviene acertada y merece ser acogida, disponiéndose la revocación de este segmento de la condena.
7.- En mérito de los fundamentos explicitados y de ser ello compartido, propicio hacer lugar parcialmente a los recursos deducidos por ambos demandados a fs. 263 bis y 267 y en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia recaída a fs. 253/262 vta. dejando sin efecto el admitido rubro horas extras, confirmándose el pronunciamiento puesto en crisis en todo lo demás que ha sido objeto de cuestionamiento; con costas de alzada a cada parte en la proporción al resultado obtenido en sus recursos (arts. 65 CPCyC -Ley 4870-, 38 y 141 del CPL); teniéndose presente a sus efectos el beneficio acordado al actor por los arts. 17 del CPL y 20 de la LCT.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 271 del CPCyC -Ley 4870- y 133 del CPL, corresponde readecuar las costas de primera instancia, imponiéndose a las demandadas por la porción del reclamo que se admite, mientras que las del segmento rechazado (horas extras) deberán ser soportadas por el actor; teniéndose igualmente presente el beneficio aludido en la última parte del párrafo precedente.
ASÍ VOTO.
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. FABIAN ARTURO RONCONI, DIJO:
Que por compartir en un todo la solución propuesta por el Sr. Vocal preopinante voy a adherir a su voto aunque agregando un breve comentario y una pequeña salvedad, ambos en relación a la fundamentación del fallo propuesto: a) el comentario mencionado lo hago en referencia a la aplicación del art. 30 de la LCT a casos como el sub judice, dado que sin soslayar que la dinámica de esta norma requiere en cada caso comprobar los supuestos fácticos dispuestos en ella, la Sala del Trabajo del STJER tiene juzgado en autos "BENITEZ, FABIO RAMIRO c/BENEDETTI, HORACIO ATILIO y otro -Indemnizaciones -RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte. Nº 3796 del 8 de junio de 2011) que la faena de pollos proveniente de granjas propiedad de un frigorífico o "integradas" al mismo, para la cual éste se vale de personal que se dedica a su caza o enjaulado, resulta ser una actividad comprendida dentro del proceso que constituye la actividad normal, propia y específica del mismo pues corresponde a su ciclo productivo como empresa principal y ello no se modifica por la particularidad de que la caza o enjaulado la realice a través de un tercero. b) La salvedad apunta a dejar sentado que, como muchas veces lo he sostenido, no comparto las opiniones doctrinarias y jurisprudenciales que, restrictivamente, exigen un mayor rigor probatorio respecto del rubro "horas extras". Por el contrario interpreto, como lo hacen reconocidos doctrinarios, que la extensión de la jornada por sobre la legal constituye un extremo fáctico de compleja prueba para el dependiente (cfr. Daniel Machado, "La doctrina de la carga de la prueba dinámica" Revista de Derecho Laboral, Ed. R. Culzoni. 2007-2, pag.296. Fernández Madrid, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Ed L. L., T.II, pag. 1616; e inclusive quien suscribe una postura harto restrictiva como Rodriguez Mancini, LCT comentada, Ed, L. L. T.III pag. 806) y por ese motivo no entiendo que exista exista razón para incrementar las exigencias probatorias sobre el tópico. Más allá de esto compartimos con el Vocal de primer voto que en el presente caso a quien incumbía la carga de demostrar el trabajo suplementario era al actor Ibarra y el mismo no levantó ese onus de manera satisfactoria como para tener por verificado el extremo.
Por lo antes expuesto y compartiendo en general los fundamentos esgrimidos por el Sr. Vocal que me antecedió en el orden de votación, me pronunció en igual forma a la indicada en el punto 7 de su fundamentación.
ASÍ VOTO.
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. NORBERTO EDGARDO STETTLER, DIJO:
Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la Sentencia siguiente:
SENTENCIA; Y VISTOS:
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede; por mayoría, SE RESUELVE:
1.- HACER LUGAR parcialmente a los recursos de apelación deducidos por "FRIGORÍFICO DE AVES SOYCHU SAICFIA" y HECTOR RAMON GARCIA a fs. 263 bis y 267 respectivamente, y en consecuencia revocar parcialmente la sentencia recaída a fs. 253/262 vta., dejando sin efecto la condena impuesta por el rubro horas extras, confirmándose el pronunciamiento puesto en crisis en todo lo demás que ha sido objeto de cuestionamiento.
2.- IMPONER las costas de alzada a cada parte en la proporción al resultado obtenido en sus recursos (arts. 65 CPCyC -Ley 4870-, 38 y 141 del CPL); teniéndose presente a sus efectos el beneficio acordado al actor por los arts. 17 del CPL y 20 de la LCT.
3.- READECUAR las costas de primera instancia, imponiéndoselas a cada parte en relación a sus respectivas pretensiones perdidosas (arts. 65 y 271 CPCyC -Ley 4870-, 38 y 141 del C.P.L.); teniéndose presente a sus efectos el beneficio acordado al actor por los arts. 17 del CPL y 20 de la L.C.T.
4.- DIFERIR la regulación de honorarios por la labor profesional cumplida en esta alzada hasta tanto sean fijados los correspondientes a primera instancia.
REGISTRESE, notifíquese y, en su oportunidad, bajen.
GUILLERMO OSCAR DELRIEUX - FABIAN ARTURO RONCONI - NORBERTO EDGARDO STETTLER
.
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