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Abogados Laboral Contrato de Trabajo Salario Determinación Determinación judicial - Improcedencia

05 de Febrero, 2014  ·  ABOGADOS LABORAL MAR DEL PLATA
En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 29 días del mes de agosto del año dos mil trece, se reunieron en Acuerdo los Sres. Vocales de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, Dr. Nicolás Jorge Rogelio Vitantonio, Dr. Enrique Arnaldo Girardini y Dr. Sergio Fabián Restovich, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "D'URSO DIEGO C/SHELL GAS SA S/COBRO DE PESOS LABORAL" EXPTE. N° 92/2013 venidos para resolver recurso de nulidad y de apelación interpuestos contra el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral Nº 2 de Rosario. Efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:
I) ¿Es procedente el recurso de nulidad?
II) ¿Resulta ajustada a derecho la sentencia apelada?
III) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dr. Vitantonio, Dr. Restovich y Dr. Girardini.
A la primera cuestión el Dr. Vitantonio dijo: El recurso de nulidad que fuera oportuna y temporalmente introducido por la demandada a fojas 501 no ha sido mantenido en esta instancia y no advirtiéndose vicios del procedimiento ni intrínsecos de la sentencia de anterior grado jurisdiccional (arg. art. 114 CPL) que ameriten un pronunciamiento oficioso de nulidad, corresponde declararlo desierto.
Al interrogante planteado voto por la negativa.
A la misma cuestión el Dr. Restovich dijo: Adhiero en los fundamentos y conclusiones del Dr. Vitantonio, y voto en idéntico sentido.
A la misma cuestión el Dr. Girardini dijo: Que habiendo tomado conocimiento de los autos y advirtiendo la existencia de dos votos totalmente coincidentes que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión.
A la segunda cuestión el Dr. Vitantonio dijo: 1) Contra la sentencia de anterior grado jurisdiccional, cuyo testimonio luce agregado a fojas 485/499, que recepta la pretensión contenida en el escrito introductorio de la instancia e impone las costas a la demandada, se alza la perdedora mediante el pertinente recurso de apelación total que interpone en tiempo y forma y resulta concedido. Elevados los autos ante esta instancia revisora, la recurrente expresa sus agravios con el desarrollo de los argumentos que contiene su pieza procesal de fojas 512/522 y que resultan contestados por la parte actora con los fundamentos explicitados en su memorial de fojas 524/530, que dejan los presentes en estado de resolver.
2) La recurrente formula cuatro agravios contra la sentencia de anterior instancia. Ellos son: a) la inexistencia de exceso en el ejercicio del ius variandi por parte de la empleadora. Expone, para fundamentar este agravio, que la facultad de modificar las formas y condiciones de labor son parte de los derechos que posee la empleadora y que, en el caso de autos, los cambios de funciones del actor se manifestaron dentro de aquellos poderes de organización y que, además, el actor no hubo probado que se le hubiese causado algún tipo de perjuicio, sea material o moral, tal como exige la ley. Se demostró en autos por la empleadora que no se le rebajó el sueldo; no se le alteró la jornada ni se cambió su categoría técnica. Que al ser un empleado "fuera de convenio", solamente se le asignaron otras funciones en línea con las necesidades de la empresa; b) el segundo agravio se direcciona a cuestionar la errónea aplicación que efectúa el fallo respecto del contenido del artículo 114 del régimen de contrato de trabajo.
Afirma que el artículo citado solamente opera en los supuestos de indeterminación del salario que, recuerda, no es el caso de autos donde el salario del trabajador estaba perfectamente determinado durante el transcurso de la relación laboral. Cita doctrina en apoyo de su tesis; c) en relación con el agravio anterior, expresa en su reproche que se hubo efectuado una errónea interpretación del salario del actor; d) por último, se agravia respecto de la imposición de las costas a la demandada.
De la lectura de los agravios de la recurrente en confrontación con el fallo apelado, las constancias de la causa y las normas aplicables al sub judice concluyo que le asiste razón en sus reproches y que, consecuencialmente, debe receptarse el recurso intentado y revocarse en su totalidad la sentencia alzada.
3) En efecto, preliminarmente debemos destacar que la cuestión traída a consideración de este tribunal revisor se focaliza -según el conflicto habido entre las partes y el contenido del discurso jurídico del a quo- en la extensión y contenido del denominado ius variandi y su aplicación al caso de autos. La referencia tiene su importancia pues el primer y principal agravio de la recurrente se direcciona, justamente, a cuestionar la recepción -por parte del fallo- de una actitud exorbitante de la demandada respecto del ejercicio de aquella facultad.
Resulta sabido, al par que constituye doctrina y jurisprudencia consolidada y pacíficamente aceptada que, como todo sinalagma jurídico, el contrato de trabajo contiene deberes y derechos para ambos contratantes detallados de forma clara en el texto de la ley (Título I, Capítulo VII, arts. 62 y sgts). Para el cumplimiento de los fines propios de la empresa, esto es, la producción e intercambio de bienes y servicios, toda vez que la misma se define como "la organización instrumental de medios personales, materiales o inmateriales, ordenados bajo una dirección" (arg. art. 5, primer párrafo, RCT), el empresario (empleador) tiene distintas atribuciones o poderes que están enumerados en la ley, a saber: la facultad de organización; el poder de dirección; el poder reglamentario; la facultad de control; el poder disciplinario y la facultad de modificar las formas y modalidades del contrato, denominado técnica y comúnmente "ius variandi", facultades todas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido deben ser ejercidas en el marco general de la funcionalidad, dada la íntima relación y dinamismo existente entre ellas. En lo propio del contenido de la presente causa, y en orden al primer reproche de la recurrente, nos interesa rescatar la última, es decir, la facultad de modificar las formas y modalidades del contrato ("ius variandi"). Por esta facultad (derecho) que la ley le otorga, el empleador puede modificar las cláusulas contractuales con miras a la mejor efectividad en el cumplimiento de los fines empresarios. Sin embargo, aquella facultad no resulta omnímoda para el empleador sino que debe ejercitarla dentro de los siguientes confines: a) razonabilidad, es decir, la facultad debe ser ejercida dentro de los límites establecidos en la propia ley (arg. art. 68 RCT); b) inalterabilidad de las condiciones esenciales del contrato, de suerte tal que la modificación ordenada no las lesione; c) indemnidad del trabajador, toda vez que la utilización de aquel derecho no le cause al trabajador un perjuicio moral o material (arg. art. 66 RCT).
Por último, resulta también sabido que la prueba respecto del incumplimiento del empleador, esto es, que la actitud o decisión exorbita sus facultades y que excede los límites de razonabilidad e indemnidad, deben ser acreditada por el trabajador que invoca aquellos excesos o incumplimientos.
4) Le asiste razón a la empleadora en su primer agravio respecto de la inexistencia, en su decisión, del incumplimiento o exceso en los límites del ejercicio de su facultad legal.
4.a) En efecto, comencemos por afirmar que -en general- la sentencia no constituye una derivación razonada del derecho vigente al par que no profundiza en lo propio de la actividad jurisdiccional, esto es, una axiología concreta y particular de los hechos y pruebas de la causa que permitan la subsunción en la norma abstracta. Por el contrario, de su atenta lectura se desprende, en mi criterio, en forma clara, que se limita a un "relato" de los hechos y de la prueba más no a una valoración sobre la misma. O dicho de otra manera, el decisorio de anterior grado jurisdiccional no concluye -método deductivo mediante- que los hechos de la causa puedan ingresar en el centro imputacional del artículo 66 del régimen de contrato de trabajo. En este sentido, el maestro rioplatense Eduardo J. Couture, en su recordada obra Fundamentos del derecho procesal (cf. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1969, 3ª edición (póstuma) - fs. 279 y sgts.) explicitaba detalladamente cuáles y cómo son los pasos que debe seguir el juez al momento de dictar sentencia y respecto de ella como acto jurídico heterónimo que pone fin al proceso. Justamente, el examen crítico y axiológico de los hechos constituye, de suyo, junto con la calificación de la norma, la labor primigenia del magistrado.
4.b) Es que, como bien reprocha la recurrente, el actor no hubo probado en autos que se hubieran vulnerado los límites y fronteras que la propia ley establece para considerar que hubo exceso en el ejercicio de la facultad legal.
Así, resulta sabido que el denominado núcleo duro del contrato de trabajo, esto es, los denominados caracteres esenciales, aquellos que hacen que el contrato sea de trabajo y no otra figura jurídica (categoría, jornada y remuneración) no han sido alterados por la decisión de la empleadora.
4.c) En efecto, no existe conflicto probatorio respecto de la categoría del trabajador, pues llega firme a esta instancia revisora que el actor era un trabajador fuera de convenio, de lo que se sigue que la decisión de la demandada no pudo -ni fáctica ni jurídicamente- alterar aquella calificación. De suyo, el trabajador -en línea con el cumplimiento de su carga procesal- no arrima al sub lite elemento alguno que permita comprobar que el cambio de tareas (dejó de ser supervisor técnico para prestar el débito en la oficina de San Lorenzo) erosionaba uno de los elementos esenciales del contrato. En este sentido, debe observarse que la prueba rendida por el actor se direcciona a confirmar su calidad de supervisor técnico, calificación expresamente reconocida por la empleadora. En este orden, debió acreditar -y no lo hizo- el perjuicio que el cambio de tareas le ocasionaba en orden a la razonabilidad e inalterabilidad de la medida adoptada. Debemos recordar, una vez más, que cualquier cambio de tareas que el empleador determine para su trabajador no constituye un ejercicio irrazonable del poder de dirección y organización sino que, por el contrario, debe examinarse caso por caso, situación que el a quo tampoco examina.
4.d) En orden a la remuneración, llega igualmente firme a esta instancia que a D?Urso no se le rebajó el salario, remuneración que siguió siendo la misma; no se le canceló su tarjeta corporativa, que siguió utilizando hasta su desvinculación ni tampoco se le retiró el teléfono celular que le era provisto por la empresa, circunstancias estas, incluso, reconocidas por el mismo trabajador. La única situación lindante con este tema lo constituye el retiro del vehículo que le era provisto, pero no para uso particular sino para el cumplimiento del débito. En ello, ha quedado probado en autos (cf. testimonial de Juan Carlos Ubiedo) que la nueva actividad a la que el actor fue derivado no requería la utilización del vehículo motivo por el que le fue retirado. El propio testigo afirma que D'Urso no peticionó el pago de viáticos para el transporte. Tampoco probó que aquella circunstancia le hubiera causado perjuicio material concreto y comprobable.
4.e) Por último, tampoco acredita el actor que se hubiese lesionado su jornada de trabajo, que continuó siendo diurna (arg. arts. 196 y sgts. LCT y ley 11544). Tampoco acredita que las nuevas tareas hubiesen alterado su horario de trabajo, en el sentido de que las nuevas funciones asignadas le hubiesen requerido el cumplimiento del débito en horario superior al legalmente permitido.
Recordemos, en este tema, que el régimen de contrato de trabajo expresamente determina que la regulación del horario de trabajo es "... facultad privativa del empleador..." (cf. art. 197, segundo párrafo, LCT) y cualquier violación a esta regla debe ser denunciada y probada por el trabajador que la invoca.
4.f) Tampoco prueba el actor haber padecido un "perjuicio" o daño moral con la determinación de la empleadora, circunstancia que constituye otro de los requisitos de ineludible prueba para que el ius variandi pueda configurarse.
5) En definitiva, considero que le asiste razón a la recurrente toda vez que el actor no arrima al sub exámine ningún elemento de convicción que amerite que la decisión de la empleador fue tomada en contradicción con las reglas que regulan el ejercicio del poder de dirección y organización. En este aspecto, la sentencia no resulta ser la derivación razonada del derecho vigente toda vez que ha prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia, dejando de examinar los elementos conducentes al resultado y sin integrarlos ni armonizarlo debidamente en su conjunto.
El agravio debe ser receptado.
6) La recepción del reproche anterior, en cuanto continente, involucra a su contenido, esto es, el segundo y tercer agravio, relacionado con la fijación de la remuneración, agravios que -en función del tratamiento y respuesta dado al primero resultarían absolutamente abstractos.
Con todo, y siendo que el comienzo del reclamo del actor a su empleador se concretizó en un pedido -casi una exigencia- de aumento de remuneraciones en función de sus capacidades y responsabilidad de las tareas que realizaba, expresaré una prieta referencia a los agravios que, resulta obvio afirmar, los comparto en su totalidad.
6.a) En efecto, en el marco de las relaciones individuales de trabajo, existen dos formas de fijar la remuneración: a) para los trabajadores convencionados, las que fijen los convenios colectivos de trabajo a través de las instancias paritarias para cada categoría convencional; b) para los trabajadores no convencionados, el salario que -de común acuerdo- establezcan las partes contratantes (trabajador y empleador). No existe otra forma jurídicamente relevante y obligatoria en nuestro derecho de fijar la remuneración de los trabajadores. Dejo a salvo, claro está, los supuestos en que -por ausencia de convención colectiva- el salario lo fija el Estado, verbigracia, lo que sucede con los trabajadores de casas particulares.
Lo expuesto tiene su importancia pues aquella primigenia exigencia del actor de que se empleador le "aumente" la remuneración, resulta una petición unilateral absolutamente antijurídica y contraria a derecho.
6.b) También resulta impropia la intencionalidad -equívocamente receptada por el a quo- de que sea el juez el que fije la remuneración en un contrato individual de trabajo. Aquella petición y la eventual penetración del juez en el marco del contrato de trabajo resultaría absolutamente arbitraria, contraria a la ley e, indefectiblemente, nula de nulidad absoluta.
La LCT regula solamente dos supuestos en que el magistrado puede -y debe- fijar la remuneración: a) cuando el monto de la remuneración del trabajador estuviere controvertida y la prueba rendida fuera insuficiente para acreditar lo pactado entre las partes (arg. art. 51 LCT -el destacado me pertenece-). Obviamente, el legislador se hubo referido a los supuestos en que, dentro del proceso, se hubiese discutido el monto del salario del trabajador, circunstancia que no es la de este caso, en que el objeto del pleito no es -entre otros- la determinación de la remuneración del trabajador. En autos, ha quedado acreditado desde la propia traba de la litis, y así llega firme a esta instancia, que el salario del actor estaba perfectamente conformado por acuerdo de partes; b) cuando no hubiere salario fijado por convenios colectivos de trabajo o actos emanados de autoridad competente o convenido entre las partes (arg. art. 114 LCT) situación que tampoco es la de autos, en que el salario del actor estuvo oportunamente fijado y pactado por acuerdo de partes en el contrato individual.
En este aspecto, y en línea con los agravios de la demandada, la determinación del salario por el fallo resulta claramente arbitrario ya que no responde a ninguna de las pautas legales que la propia norma determina para la intervención del magistrado.
7) En función de los argumentos desarrollados al fundar mi voto propongo que el recurso de apelación de la demandada sea receptado y, en consecuencia, se revoque en su totalidad la sentencia venida en revisión. En su lugar, propongo se declare antijurídica la denuncia contractual efectuada por el actor y se rechace en su totalidad la pretensión contenida en la demanda.
8) En cuanto a las costas, a tenor del resultado que propongo, deben imponerse en ambas instancias a cargo del actor (art. 101 CPL).
Así voto, dando respuesta negativa al interrogante planteado.
A la misma cuestión el Dr. Restovich dijo: Adhiero a los fundamentos y conclusiones del Dr. Vitantonio, y voto en idéntico sentido.
A la misma cuestión el Dr. Girardini dijo: Que se abstiene al votar por análogas razones a las expresadas respecto a la primera cuestión.
A la tercera cuestión el Dr. Vitantonio dijo: corresponde: 1) Rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la demandada por no haber sido mantenido en esta instancia. 2) Receptar el recurso de apelación deducido por la demandada y, en consecuencia, revocar en su totalidad la sentencia venida en revisión. en su lugar, corresponde declarar antijurídica la denuncia contractual efectuada por el actor y, por tanto, corresponde rechazar en su totalidad la pretensión contenida en la demanda. 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo del perdedor ( art. 101 CPL). Los honorarios de segunda instancia se fijan en el cincuenta por ciento (50 %) de los que, en definitiva, correspondan regular en baja instancia por los principales.
A la misma cuestión el Dr. Restovich dijo: Visto el resultado obtenido al votarse las cuestiones anteriores, corresponde dictar pronunciamiento en la forma propuesta por el Dr. Vitantonio.
A la misma cuestión el Dr. Girardini dijo: Que se abstiene al
votar por análogas razones a las expresadas en las cuestiones anteriores.
A mérito del Acuerdo que antecede, la Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la demandada por no haber sido mantenido en esta instancia. 2) Receptar el recurso de apelación deducido por la demandada y, en consecuencia, revocar en su totalidad la sentencia venida en revisión. en su lugar, corresponde declarar antijurídica la denuncia contractual efectuada por el actor y, por tanto, corresponde rechazar en su totalidad la pretensión contenida en la demanda. 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo del perdedor (art. 101 CPL). Los honorarios de segunda instancia se fijan en el cincuenta por ciento (50 %) de los que, en definitiva, correspondan regular en baja instancia por los principales. Insértese, hágase saber, y bajen. (Expte. n° 92/13)
VITANTONIO - RESTOVICH - GIRARDINI (ART. 26 L. 10160).
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